Radiografía actualizada del estado de situación y funcionamiento del sistema penal juvenil

“Otra preocupación de la Comisión es que en algunos casos los niños, niñas y adolescentes por debajo de la edad mínima para infringir las leyes penales son privados de su libertad en el marco de procesos de ‘protección’, dando lugar a un tratamiento punitivo de esas situaciones sin que exista, en muchas ocasiones, un estricto cumplimiento de las garantías del debido proceso”.
Observaciones del Informe de la CIDH – 7 de septiembre de 2011

El pasado miércoles 23 de noviembre se desarrolló el debate en torno al “informe oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas» que en forma conjunta organizaron Fundación Sur Argentina y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El documento elaborado por el organismo internacional analiza la problemática y formula a los Estados recomendaciones orientadas a fortalecer las instituciones, leyes, políticas, programas y prácticas relativas a la justicia juvenil y asegurar que se implementen en cumplimiento del corpus juris internacional sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Entre las principales cuestiones, el informe señala que los sistemas de justicia juvenil deben garantizar el principio de excepcionalidad, que se traduce, por ejemplo, en la obligación de contemplar alternativas a la judicialización de las infracciones a las leyes penales así como también medidas alternativas a la privación de libertad, la que sólo puede ser aplicada como último recurso en el caso de personas menores de 18 años.

La jornada tuvo la importante presencia de Marta Maurás (Chile), miembro del Comité de Naciones Unidas para la Convención de los Derechos del Niño que compartió la mesa con Alejandra Arancedo y Emilio García Méndez.
En este sentido, la apertura de la mesa de exposiciones estuvo a cargo de Alejandra Arancedo quien resaltó la importancia del Informe, el cual permite identificar avances y retrocesos de los Estados en América con respecto a la justicia penal juvenil. Asimismo hizo referencia al corpus iruis internacional en materia de derechos de la infancia y en particular al desarrollo del derecho de la infancia en sentido amplio incorporando a los derechos sociales y económicos y no solo limitado al derecho penal, ya que justamente “la excepcionalidad debe ser la judicialización de las conductas y conflictos”.

García Méndez recordó que en Argentina continua operando un régimen de minoridad por un decreto vigente de la dictadura y que el Informe de la Comisión cuestiona por discrecional, en tanto autoriza la privación de libertad como forma de protección, con un enfoque regresivo, represivo y netamente tutelar sin garantías de defensa para los jóvenes en conflicto con la ley (parágrafos 42 y 54,55, 67y 68). En este orden, cuestionando el fallo de diciembre de 2008 donde Corte Suprema Argentina legitimó esta situación, resaltó que “la política penal no puede venir a reemplazar la política social” en un marco de respeto de los derechos humanos.

En el cierre de las disertaciones, antes de la apertura a preguntas y el debate con el público presente, Marta Maurás señaló el hecho que el informe elaborado por la Comisión Interamericana no es un estudio académico, sino en consulta con los Estados con lo cual es posible encuentran una variedad de ejemplos valiosos para analizar. Asimismo, enfatizó la importancia del artículo 40 inciso 1 de la Convención de los Derechos del Niño en donde, “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño que sea considerado, acusado o declarado culpable de infringir las leyes penales a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos…”

Maurás, también remarcó que los Estados siguen utilizando la privación de la libertad como pseudo protección de los niños encontrando en ello dos explicaciones. Por una parte, porque en la región no se dado el cambio de paradigma tutelar mas allá de algunos avances normativos y por la otra, aunque las estadísticas no avalan esta percepción, los medios de comunicación y el público asocian la inseguridad ciudadana con los adolescentes identificándolos como peligrosos y responsables de cometer los delitos más graves. Por lo tanto, reflexionó Maurás se debe trabajar en la incorporación de los derechos del niño como tema curricular, apoyando a las familias y sensibilizando a la sociedad. Finalmente coincidiendo con los expositores que la antecedieron, compartió que el sistema penal sustituye ineficazmente a las políticas sociales y que cuando el sistema penal se pone en agenda como respuesta a la crisis social por delante de otros temas como la salud, la educación se demuestra un fracaso de la política pública y del Estado en general.