En línea con el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Infancia en Deuda ha señalado que la Argentina debe modificar el régimen establecido por un decreto de la última dictadura militar (22.278), que vulnera los derechos humanos de los y las jóvenes ya que otorga facultades discrecionales a los tribunales, desconoce las garantías del debido proceso, y no cumple con los propósitos de resocialización y reintegración de quienes se encuentran en conflicto con la ley penal.

La normativa y las prácticas actuales deben adaptarse a los principios de la Convención sobre Derechos del Niño, fortaleciendo en primer lugar el sistema de protección integral, y la vigencia de las garantías durante el proceso penal. En tal sentido, vemos con preocupación que el proyecto mantenga la posibilidad de que los jueces penales establezcan medidas de carácter sancionatorio sin debido proceso respecto de adolescentes no punibles.

Desde Infancia en Deuda, señalamos que la ley penal juvenil debe promover la reinserción social de los y las adolescentes, y los principios de ultima ratio, proporcionalidad, máxima brevedad, delimitación temporal y revisión periódica de las penas. En este sentido, si bien el proyecto prohíbe la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión y de prisión perpetua, establece un plazo máximo de duración de la pena de 15 años para jóvenes de esa edad, que resulta excesivo y desproporcionado. Además, el proyecto no establece penas máximas para jóvenes de 16 años en adelante, con lo que los somete al sistema penal de las personas adultas. De hecho, las penas privativas de libertad nunca deben imponerse a adolescentes menores de 16 años.

Desde Infancia en Deuda lamentamos que el Poder Ejecutivo proponga la modificación del sistema penal juvenil al tiempo que rechazó nuestras solicitudes de habilitar en sesiones extraordinarias la designación del Defensor del Niño creado por la Ley 26.061, un cargo que permanece vacante hace trece años por la inacción del Congreso. Desde el punto de vista de las prioridades que establece nuestra Constitución y los principios y reglas internacionales en materia de niñez, entendemos que el debate que se promueve se vería fortalecido si la Defensoría estuviera en funciones.

En este sentido, advertimos que la presente iniciativa legislativa carece de un diagnóstico basado en información oficial confiable y precisa respecto de las y los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal en todo el país, particularmente respecto del número y tipo de delitos por los que se los acusa, el promedio de condenas y el tipo de penas que se han impuesto. Es necesaria la producción de información para la elaboración, aplicación y evaluación de políticas y programas en torno a la justicia penal juvenil. La reforma de la legislación vigente debe provenir de un debate profundo, que incluya en particular la participación y/o representación de las voces de la infancia y la adolescencia. Por último, es necesario que el funcionamiento práctico de la justicia penal juvenil sea sometido a una evaluación periódica, a través de órganos independientes.

La puesta en marcha de la Defensoría permitiría enriquecer el debate en esos aspectos. En efecto, entre sus funciones se cuentan las de producir información sobre la situación de la infancia en nuestro país, representar individual o colectivamente los derechos de la infancia ante cualquier instancia y proponer reformas legislativas, y controlar a las instituciones que forman parte del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, entendemos que la designación del Defensor del Niño cumple genuinamente los requisitos de urgencia que justificarían una convocatoria a sesiones extraordinarias en materia de niñez y adolescencia, de acuerdo a la Constitución Nacional. Así lo demuestran los alarmantes indicadores en materia de pobreza y la inequidad en el ejercicio de derechos que representan (según UNICEF, un 48% de las niñas, niños y adolescentes de nuestros país son pobres en términos no monetarios, o sea, en función de la privación de los derechos a la educación, protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura y hábitat seguro, etcétera).

En suma, instamos a las autoridades a llevar a cabo un debate sobre la ley penal juvenil democrático, participativo y serio, que permita una discusión amplia y robusta, basado en información actualizada y los estándares de derechos humanos vigentes.

Insistimos en la necesidad urgente de que se designe al #DefensordelNiñoYa. La infancia no puede seguir esperando.

La coalición Infancia en Deuda está integrada por: Fundación SUR Argentina, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), El Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, CIPPEC, Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Doncel, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo (UP), ASDRA, Aldeas Infantíles S.O.S. Argentina, Haciendo Camino, Fundación Kaleidos, Fundación Voz, Grupo Artículo 24