Hace más de 20 años que algún hecho delictivo particularmente grave o particularmente puesto de relieve por los medios de comunicación atribuido a un menor de 16 años (y nunca a un menor de 18) se convierte, aleatoriamente, en disparador de un debate en caliente que generalmente pierde impulso y desaparece a los pocos días o semanas. Nada garantiza que no estemos otra vez ante esta noria que asume la forma de política criminal. Esta vez, sin embargo, el anuncio del Gobierno de debatirlo durante este año para aprobarlo en el 2018 podría sugerir que nos lo tomáramos en serio.

Hasta ahora, curiosamente, cada intento serio de derogar el régimen penal de la minoridad vigente, que lleva la firma de Jorge Rafael Videla (decreto 22278 de 1980), ha provocado que el progresismo de turno se rasgue las vestiduras. Este papel ha sido asumido alguna vez por Aníbal Ibarra, más tarde por Raúl Zaffaroni y ahora parece ser el turno de Margarita Stolbizer.

«No permitiremos que los menores de edad vayan presos» es la misma letanía que hace años escuchamos de boca de diversos protagonistas de la vida pública. Para comenzar, digamos que los menores de 18 años no sólo van presos sino que 12 veces han sido condenados a reclusión perpetua entre 1997 y 2002. Sin embargo, luego del escándalo internacional que supuso la condena en 2013 por ese motivo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dichas condenas se han «reducido y mitigado». Entre 25 y 30 años de prisión es lo que hoy se acostumbra a sentenciar para no agitar las aguas a nivel internacional.

Pero ahora el progresismo parece agitarse en torno a la renovada consigna: «Ni un pibe menor de 16 años preso». ¿Alguien debería explicarle a Margarita Stolbizer que los menores de 16 años van presos? Que un número tan alto cuanto desconocido (¿cuatrocientos tal vez?), pero que sería bueno conocer, está privado de libertad en la Argentina.

Que esos menores de 16 años privados de libertad lo están (¿quién sabe dónde?) gracias a la maravillosa doctrina Zaffaroni, que en un fallo del 2 de diciembre del 2008 declaró constitucional el decreto de Videla y convalidó el uso de la privación de libertad como forma de protección.

Hace falta que alguien le avise a Margarita Stolbizer que sería bueno que organizara un poco su indignación. Que ninguno del altísimo número de menores de 16 años ya preso ha tenido el más mínimo derecho a un debido proceso y que justamente por ese motivo la criminalidad adulta acostumbra a tirarles sus muertos.

Es por eso que precisamos un régimen penal juvenil, diputada.