Desde fundación SUR Argentina advertimos con honda preocupación la designación del Sr. Gabriel Lerner en el cargo de Secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

Su anterior gestión 2004/2014 a cargo de este mismo organismo representó una de las peores gestiones en materia de Derechos Humanos de la Infancia. Durante una década, a cargo del máximo organismo de infancia, se negó sistemáticamente a promover la creación y designación  de la Defensoría del Niño, a pesar de que la ley 26.061 del año 2005 establecía su designación inmediata.

 En materia penal juvenil, el Sr. Lerner gerenció las cárceles para personas menores de edad, incluso para los adolescentes menores de 16 años cínicamente denominados “no punibles”, cuestión que resulta a todas luces inconstitucional.  Nunca  presentó desde su cargo ningún proyecto de Ley de creación de un sistema de responsabilidad penal juvenil democrático para derogar el decreto de Videla 22.278, aún formando parte del partido de gobierno que contaba con amplia mayoría en ambas cámaras legislativas. La SENAF  no presentó, en más de una década de gestión, ningún Habeas Corpus exigiendo la liberación de los menores de 16 años, inimputables y no punibles, y tampoco impulsó ningún juicio político a los jueces que “dispusieron” de estos adolescentes en los “institutos cerrados” a su cargo. 

La SENAF, dirigida por  Gabriel Lerner, impidió sistemáticamente que los organismos de control ingresen a monitorear los “institutos” de privación de libertad para personas menores de edad, situación por la cual la Procuración Penitenciaria de la Nación, con el acompañamiento de Fundación Sur Argentina, inició un reclamo judicial  que terminó con un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2016.

En esa década de gestión del Sr. Lerner a cargo de los dispositivos penales para personas menores de edad, se cuenta con un siniestro e impreciso número de adolescentes muertos en Institutos cerrados a su cargo. Entre el año 2009 y 2015, al  menos tres adolescentes murieron mientras se hallaban privados de libertad en las cárceles dependientes de la SENAF. El caso de Diego Borja, quien murió quemado en una ilegal celda de aislamiento, es una muestra paradigmática de la por lo menos ineficiente gestión de Gabriel Lerner en materia penal juvenil.

En el año 2012 la SENAF a su cargo, ejerció objetivamente y sin fisuras una defensa cerrada de los apropiadores, en el caso Fornerón (adopción ilegal), razón por la cual el Estado Argentino fue condenado por la Corte IDH. En fallo Mendoza del mismo tribunal internacional (perpetuas a personas menores de edad) la SENAF sistemáticamente incumplió todos los acuerdos amistosos de resolución, nunca solicitó la inconstitucionalidad de la norma, nunca solicitó el juicio político de los jueces actuantes y por lo tanto  el Estado Argentino fue nuevamente condenado por la Corte IDH por esta violación a los Derechos de la Infancia.

 En materia de protección integral de la infancia, los sistemas de protección de derechos se mantuvieron sin articulación en las provincias que requerían contribución y apoyo nacional. Durante la gestión del Sr. Lerner, asistimos a la utilización de los escasos recursos nacionales que sólo eran enviados a las jurisdicciones afines políticamente. Asimismo, durante toda su gestión hubo un constante cuestionamiento a la figura del abogado del niñx como garantía del debido proceso ante la administración y la justicia, limitando el acceso de las personas menores de edad a una defensa técnica y rigurosa. 

La vulneración permanente de los derechos de las personas menores de edad y el incumplimiento sistemático en el establecimiento de un  sistema de responsabilidad penal democrático, se han constituido lamentablemente, en una de las pocas políticas de Estado de la democracia, atravesando todos los gobiernos sin distinción partidaria.

Es necesario entonces que los organismos de la Sociedad Civil estemos alertas para controlar y en su caso, denunciar la omisión o insuficiencia  de las políticas públicas para la infancia y adolescencia que les impida acceder a sus derechos en todo el país.