La consulta pupular o referendum se llevará a cabo el próximo año conjuntamente con la elección presidencial, luego de que la Corte Electoral aprobara la presentación que hizo la oposición en el Congreso con 350.000 firmas para exigir que los mayores de 16 años sean punibles en caso de delitos graves.

Lo que se votará por sí o por no será lo siguiente: 1) bajar la edad de imputabilidad, 2) crear un instituto de rehabilitación del menor infractor fuera del Inau (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, 3) anotar los antecedentes de los menores infractores que hayan cometido infracciones graves y 4) agravar las penas a los mayores de edad que introduzcan al delito a los menores.

La Comisión Nacional por la Seguridad para Vivir en Paz es impulsada por el Partido Colorado y principalmente por el sector Vamos Uruguay liderado por Pedro Bordaberry. Los argumentos que se utilizaron para impulsar el plebiscito se resumen en el editorial de Bordaberry que se puede ver en http://www.vamosuruguay.com.uy/blogs/32/posts/2910 Se trata de argumentos de corte efectista y ubican a los adolescentes como los principales culpables de un supuesto “aumento” de la inseguridad en Uruguay.

El 7 de setiembre de 2012 la Corte Electoral notificó la validez de las 350.000 firmas en apoyo a la iniciativa de plebiscito–el mínimo legal exigido es de 250.000, 10 % del padrón electoral– y anunció que la votación se realizará en coincidencia con las elecciones generales de octubre de 2014. La papeleta a favor o en contra de la reforma se vota en simultáneo con el candidato a presidente, senadores y diputados.  Los partidos y fracciones políticas que se han manifestado en contra son: Frente Amplio, Partido Independiente y un sector del Partido Nacional. Si la gente votara coincidentemente con la intención de vota y  posición de su partido o candidato entonces el plebiscito no debería prosperar, sin embargo esto no es lo que parecen mostrar las últimas encuestas.

El Frente no ha iniciado campaña contra el plebiscito, sin embargo hace pocos días se anunció la creación de una comisión que está trabajando en la preparación de argumentos contra la rebaja. Dicha comisión está liderada por el diputado Julio Bango perteneciente al Partido Socialista.

Existe además un Comisión “No a la baja” que está integrada por organizaciones de infancia como el Comité de los derechos del niño, juventudes de partidos políticos, Pit-Cnt, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU) y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj). Se puede encontrar información en http://www.noalabaja.com.uy/.

Por su parte, el representante de Unicef en Uruguay, Egidio Crotti, alertó que bajar la edad de imputabilidad penal para resolver los problemas de inseguridad es una opción «muy simplista» y «peligrosa» porque coloca a la adolescencia «como un enemigo público».
Crotti recordó que parte del problema en Uruguay es de «percepción», ya que éste sigue siendo uno de los países más seguros del continente. «Una cosa son los datos, otra cosa la percepción sobre seguridad ciudadana», indicó.
Según el Poder Judicial uruguayo, tan sólo el 4,5 % de los delitos, incluidos los asesinatos, son cometidos por menores. En el primer trimestre de 2012 se cometieron en Uruguay 88 asesinatos, por lo que estadísticamente menos de cuatro de ellos habrían sido perpetrados por adolescentes.
Crotti explicó que «entre esos 88 asesinatos hubo 12 casos de muerte por violencia doméstica y 17 por riñas espontáneas. Pero sólo relacionan la violencia con los menores».
«La relación que existe en Uruguay entre la percepción masiva de la inseguridad y el papel de los adolescentes no está sostenida por ningún dato empírico serio», denunció el funcionario, que se quejó de cómo se informa sobre la inseguridad y de la existencia de noticias «malintencionadas». Por ejemplo, lamentó que se diga que en Uruguay la edad penal son 18 años, cuando en realidad existe un sistema de responsabilidad penal juvenil que va de los 13 a los 17 años.